A finales de febrero y
primeros de marzo, ha publicado la
prensa que unos jueces de Madrid estaban cobrando unos emolumentos de la
empresa Indra por asesoramiento a la misma en la implantación de un sistema
informático destinado a agilizar trámites judiciales.
A partir de ahí toda una
serie de intervenciones de políticos y sindicatos diciendo cosas como
“gravísimo atentado” contra la separación de poderes que la Comunidad de Madrid
“pague primas a jueces” a través de una empresa privada etc. etc. Ya tenemos
carnaza para divagar y perder el tiempo con cosas que tienen, a mi modo de ver,
una explicación sencilla y que voy a tratar de concretar.
La Comunidad de Madrid
llega a la conclusión de que tiene que implementar un sistema informático que
agilice los trámites judiciales.
Convoca los sistemas de
concurso oportunos y le adjudica el trabajo a Indra, parece ser que a través
del organismo público Informática de la Comunidad de Madrid (ICM).
A partir de aquí doy mi
versión de cómo actuaría una empresa normal, me da igual pública o privada,
simplemente con criterios claros de gestión.
1. Se
constituye un equipo para desarrollar el proyecto en los que intervienen el
personal de Indra y el equipo que nombre la empresa contratante, pongamos Comunidad
de Madrid (CM).
2. El
equipo CM se constituiría por el personal más idóneo para colaborar en la
realización de ese proyecto. Dicho personal se buscaría entre los funcionarios
“que estén por la labor”. Todos sabemos que ante este tipo de trabajos unos sólo
le ven pegas y otros ventajas. Por tanto hay que colocar a estos últimos, como
garantía de que todo va a ir bien. El primer problema que le veo al caso actual
es que, al menos a una parte, los han nombrado siguiendo el escalafón no en
base a aptitudes o actitudes.
3. Los
funcionarios elegidos estarían casi a tiempo completo con los de Indra para que
la cosa fuese con rapidez.
4. No
concibo que los jueces y otros funcionarios, que tienen que ser conscientes de
cómo funciona el sistema judicial actualmente, digan que “como no son funciones
propias de su cometido y la actividad se desarrolló fuera de su horario
laboral” hay que pagarles aparte. Estoy seguro de que se encontrarían muchos
funcionarios que estarían dispuestos a trabajar lo que hiciese falta por tener
unos sistemas, que, a la larga, van a beneficiar al funcionamiento del sistema
judicial y a ellos personalmente. No obstante, si al final hubiese que pagarles
por su labor, cobrarían siempre a través del organismo al que pertenecen, nunca
de la empresa encargada del trabajo, en este caso Indra.
5. Dichos
jueces no realizan ninguna labor de asesoramiento a Indra sino que son los que
tienen que decirle a Indra cómo son los procedimientos judiciales para que
aquélla les de forma en los procesos informáticos.
6. No
entiendo que los jueces a los que se refieren hayan asistido a cuatro
reuniones. En ese tiempo sólo pueden recibir la información de los que de
verdad han trabajado en el tema, por tanto los que de verdad trabajan son
funcionarios de otro rango que son los que estarían con Indra todo el día. Los
otros sólo va a darle las bendiciones, sin enterarse casi seguro de cómo va el
tema. Esto es lo que sucede normalmente en la realidad.
Pero si lo antedicho es
importante, pero sólo a efectos de forma, lo verdaderamente grave, a mi
entender, es que IUS Madrid se va a gastar como mínimo seis millones de euros
en este proyecto. Como el resto de Comunidades están montando unos sistemas similares,
eso supone que si los seis millones de Madrid los multiplicamos por 17
autonomías llegaríamos a un costo total de 102 millones de euros.
Si tenemos en cuenta que
los procedimientos judiciales deben ser en toda España los mismos, cualquier
gestor normal (no hace falta ser una lumbrera) habría encargado una sola
aplicación que costaría 6 millones y la aplicaría en toda España, con lo que no
tiraríamos a la basura 96 millones.
Pero eso no nos debe
extrañar, pues tenemos el precedente de que los programas de implantación de la
tarjeta sanitaria que también podrían haber sido los mismos para toda España se
han multiplicado también por 17 pues cada uno ha encargado los programas a
empresas diferentes, con gran alegría para estas últimas (por cierto que ya se
habla de volver a tener una tarjeta única para toda España).
También este domingo leía
en la prensa que la clasificación de hoteles por categorías depende de cada
Autonomía, por lo que nos encontramos que hoteles con las mismas estrellas
aportan servicios diferentes en cada Comunidad. Hay una iniciativa europea
“HotelStars” que pretende unificar estas clasificaciones a nivel europeo, lo
cual es evidente, pues facilita que la gente que contrata un hotel sepa con qué
se va a encontrar. Bueno pues aquí no se puede hacer nada pues antes se
tendrían que poner de acuerdo todas las Autonomías, cosa un poco difícil, pues
cada uno quiere ponerle su “guinda”.
Pero hay más, por ejemplo
las empresas de alquileres de grúas, y en Navarra hay al menos una que trabaja
por toda España, están sujetas a 17 normas diferentes en cuanto a montaje de
las mismas, normativas sobre trabajadores, etc. que hace que dichas empresas
sean expertas en redactar proyectos diferentes, lo cual no es su función
primordial.
Y ahora que me digan que
queremos simplificar la Administración.
