Hace un par de meses aproximadamente el Gobierno Central tomó una serie de medidas para contener el gasto público y, en consecuencia, el déficit. Las principales han sido las más fáciles de tomar y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, las más injustas: Congelación de pensiones y rebaja del sueldo de funcionarios.
La primera de ellas me parece simplemente una apropiación indebida, ya que el fondo que tiene la S.S. destinado a cubrir las pensiones pertenece a los pensionistas, y la rentabilidad que pueda generar (pues no creo que lo tengan debajo del colchón) tendría que revertir a los mismos vía revalorización de sus pensiones.
En cuanto a la rebaja del sueldo de los funcionarios si lo que se pretende es que el gasto descienda un 5%, hay dos formas de llegar a ello, la primera es la de “café para todos” rebajándoles ese 5% promedio. La otra es la de reducir el número de funcionarios en un porcentaje tal que su monto total sea equivalente al 5% de la masa salarial de los mismos. Para simplificar supongamos que ello nos llevase a eliminar el 10% de funcionarios, lo que supondría que al 90% restante no se les tocaría el salario. Evidentemente, esta segunda opción es la más difícil de llevar a cabo pues implica que los responsables tengan que tomar medidas en cuanto a mejorar la productividad del funcionariado en, al menos, ese 10%. Por otra parte el tomar la primera medida les permite a dichos responsables no significarse, pues el recorte nos lo ha impuesto “Madrid”. Asumir la segunda implica ir a cada funcionario que sobra y prescindir de él, lo que es más duro. Cualquier persona que haya tenido responsabilidades gerenciales sabe perfectamente que mejorar un 10% o más la productividad del personal no es una tarea imposible de alcanzar, ya que, a su vez, esa mejora se puede obtener por dos caminos, uno la de que se trabaje más y otra que mejoremos los sistemas organizativos para que obtengamos lo mismo con menos personas. ¿Quién de nosotros no ha constatado cómo se trabaja y a qué ritmo en muchos servicios de los Ayuntamientos, Diputaciones y Gobiernos (nacional y autonómicos)?. Las salidas para el almuerzo y otras cosas y su duración, las bajas médicas y absentismo en general. ¿Quién de nosotros no conoce alguno de estos casos? Por otra parte el rebajar un 5% los salarios es coyuntural y puede que cuando la recuperación económica se vaya produciendo se vuelva a los salarios iniciales y a sus posteriores revalorizaciones, mientras que una rebaja del 10% del número de funcionarios es una renta que se nos queda para siempre. Por tanto es ahí donde hay que incidir y es precisamente de lo que nunca se habla. Además el tomar la medida de reducir funcionarios hace que mantengamos a los que de verdad son efectivos y trabajan, por lo que no se iría contra los buenos, sino contra los malos. De esta forma lo buenos funcionarios pensaría que ya era hora de que se premiase a los que cumplen con su trabajo y no que a todos se les tratase por igual. Así como en una empresa privada despiden a los trabajadores que no son productivos, lo mismo debería pasar en la Administración; en contrapartida la contratación de los mismos debería ser – como he expresado en otros artículos de opinión- similar a las empresas privadas: títulos académicos adecuados, tests diversos, etc. y nada de examinarles de nuevo ni de pedirles que se sepan la Constitución y reglamentos de todo tipo que se les van a olvidar - salvo que por su función los vayan a aplicar- al día siguiente. Jamás he visto que para entrar de administrativo en una empresa haya una lista de miles de personas, y en la Administración ocurre, luego por algo será. El plantearse una reducción de funcionarios no es un tema nuevo, pues en nuestro país y en la época del reinado de Felipe IV con el Conde-Duque de Olivares, y, ante la inminente quiebra de Castilla, ya se proponía “reducir en dos tercios el número de escribanos, recolectores de impuestos y alguaciles”. En estos últimos meses esa necesidad de reducción ya se ha planteado en Francia y en estos últimos días es Rusia la que pretende reducir en un 20% sus funcionarios. En los momentos de crisis es cuando mejor se pueden hacer estas reformas ya que se admite lo que en ocasiones normales sería imposible de aceptar. Por eso a veces hay crisis que se provocan para poder tomar medidas drásticas, aunque no creo que la actual se haya provocado con este fin.
Finalmente remarcar que con la solución actual tenemos descontentos al 100% de los funcionarios, mientras que con la medida que propongo se tendría descontentos sólo al 10%, y el 90% restante se afanaría más en su trabajo por la cuenta que le traería.
